Con el apoyo de un perito balístico del Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la PDI Iquique fue realizada ayer la reconstitución de escena del fatal baleo de un joven antofagastino, ocurrido el 23 de julio del año pasado en el sector norte de Antofagasta.

Ignacio Joel Figueroa Alvarez, de 18 años, perdió la vida dos días después, mientras permanecía internado en el Hospital Regional, y en primera instancia el amigo que lo acompañaba al momento de los hechos dijo que fue baleado por desconocidos en el sector de las tomas "Mujeres Unidas" y "Víctor Jara". Sin embargo, poco más de tres semanas después se conoció que L.A.F.V., de 41 años, manipulaba el arma del que salió el proyectil y que junto a un testigo se había coludido para mentir y entregar un relato falso.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada a la altura del 7.700 de calle Ana María Ibaceta, en cuyo interior y frontis se concentró ayer la diligencia a cargo del fiscal Juan Castro Bekios y la Brigada de Homicidios (BH). La diligencia comenzó a las 9 horas y se extendió hasta las 10.30, teniendo como objetivo -según explicó el persecutor- poder confrontar las versiones de los participantes con los elementos técnicos y periciales que se puedan rescatar y esclarecer, así como ocurrieron los hechos.

Redacción

Violentos abusos y hasta torturas contra internos e internas gays y transexuales del Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado (CCPC) de Antofagasta denunció el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El organismo informó que tras los hechos- que afirma, han sido confirmados por el Tribunal de Garantía -hay gendarmes y que debido a ello ayer se reunió con el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena.

Los antecedentes entregados por la organización dan cuenta que los abusos afectaron el 21 de diciembre pasado a la pareja del mismo sexo conformada por R.O.O. y C.C.G., y a las mujeres trans de iniciales S.R.M. y R.P.B.. Esta última es la más afectada, ya que el Movilh afirma que hace un año "viene padeciendo periódicas torturas en diversos penales del país, tras traslados decretados por tres tribunales a raíz de los atropellos". De hecho, indicó que fue torturada y ofendida por su identidad de género en dos oportunidades en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y en una en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío-Bío y que por ello fue trasladada a Antofagasta.

Los hechos ocurrieron en el módulo 88 y "se tradujeron en golpes con pie, puño y luma, propinados por funcionarios de Gendarmería, así como lanzamiento de agua con una manguera de bomberos y rociamiento de gas pimienta. Además los/as internos/as fueron obligados/as a desnudarse, junto con recibir continuos insultos en razón de la identidad de género y la orientación sexual, lo cual afectó especialmente la dignidad de las mujeres trans", indicó el organismo.

La información añade que debido a lo anterior el magistrado del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Marco Antonio Rojas, "ordenó el pasado 25 de enero el traslado de los internos/as a un penal de Arica, lo cual debería ocurrir en los próximos días" y que los atropellos convierten a Gendarmería "en un lugar peligroso para los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales".

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que el subsecretario comprometió una investigación gubernamental de los hechos y un reforzamiento de los convenios entre ambas entidades. Agregó que los abusos también los reportaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Estrella de Antofagasta

Pese a que este Diario tomó contacto con Gendarmería para conocer su versión de los graves hechos denunciados por el Movilh, no se obtuvo respuesta.

Desde la dirección regional de la institución sólo se indicó que ello se debe a que todos los antecedentes son materia de investigación judicial.

Quien sí quiso expresar su postura fue la directora de Formación y Activismo de Fundación Iguales, Isabel Amor. "A un mes de que se cumplan cinco años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Chile en el caso Atala Riffo y niñas, las denuncias (...) del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta alertan sobre el incumplimiento de las garantías de no repetición mandatadas por la mencionada corte, lo que en este caso es más preocupante, pues se trata de una discriminación múltiple, por motivos de género, identidad de género, orientación sexual y de personas privadas de libertad", indicó.

Agregó que son medidas trascendentales para avanzar en dignidad y respeto la capacitación a funcionarios públicos, junto con la adopción de medidas de derecho interno, reformas y adecuación de leyes contra la discriminación. "¿Qué espera el Estado para cumplir con lo que le corresponde?", señaló.