Conocido en el mundo de la crónica roja como el "zorro", Ricardo Ruiz Lolas fue el periodista encargado de reportear, a eso de las 04.00 de la mañana del 29 de enero de 1985, el último fusilamiento que hubo en nuestro país: el de los sicópatas de Viña del Mar. Era la última vez que la pena de muerte sería aplicada en Chile.

"Tranquilos y orando llegaron hasta el patíbulo los dos condenados", tituló su nota publicada en La Estrella, en la edición del mismo día en que ocurrieron los hechos. Ruiz Lolas fue testigo de lo que él llama "el cronómetro de la muerte".

Le cuesta imaginar que acontecimientos como esos, que lo marcaron de muchas formas, se repliquen en nuestro tiempo. Aunque la posibilidad del debate está instalada, a diferencia de lo ocurría en sus días trabajo, bajo la mirada de la dictadura.

"No había mucha opinión y menos había libertad de prensa. Costaba mucho cubrir tribunales, por el secretismo del sistema judicial antiguo", comenta Ruiz Lolas.

Mientras tanto, la electa diputada por el distrito 6, la RN Camila Flores, defiende el retorno de una medida que, en el transcurso de la historia, dejó en la V Región 18 ejecutados. Para ella, "no puede ser más contingente, es totalmente a lugar esta preocupación, puesto que en estos días estamos viendo crímenes horrorosos, como el de la pequeña Sophie. Por eso, hablar de que los delincuentes vivan con miedo y revalorar el castigo, no es algo pasado de moda".

Violación e incendio con homicidio, son los casos que la electa diputada está dispuesta a entregar a la pena de muerte.

Ruiz Lolas, por su parte, luego de años de pensar sobre el tema, no se convence de que la polémica medida sea la receta en la búsqueda de justicia.

Razones para dudar

"Yo soy católico y quiero hablar con el capellán. La otra vez, cuando me iba a suicidar, quería hablar con él para irme totalmente limpio", le dijo Jorge Sagredo Pizarro al periodista Ricardo Ruiz Lolas, en uno de sus encuentros. Sin embargo, el suicidio nunca se concretó y Sagredo tuvo que esperar hasta el día del fusilamiento para irse limpio y con el perdón del sacerdote.

Cuando el pelotón de fusilamiento disparó las siete balas, que arrasaron en el acto los cuerpos de Jorge Sagredo y Carlos Alberto Topp Collins, el público expectante en los alrededores de la vieja cárcel de Quillota celebró. Aplausos recuerda haber escuchado Ruiz una vez materializada la condena.

Ruiz Lolas insiste en que no se imagina nada de eso en nuestros tiempos, sobre todo porque Chile se hizo parte entre los estados que adhirieron a la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José.

Hace unos días, el 26 de enero pasado, se cumplieron 33 años desde que se aplicó por última vez la pena de muerte en Chile. No desde la última vez que se condenó a alguien con esta medida, porque eso siguió pasando incluso tras el retorno a la democracia.

En total, fueron siete los condenados que no tuvieron que pasar por el cronómetro de la muerte -aquella espera de la hora y minuto exacto de la ejecución, que para Ruiz Lolas es brutal- por diversas razones.

Dos de ellos se salvaron por la modificación de la ley, de la mano de Ricardo Lagos, y los otros cinco le agradecen el indulto presidencial a Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Sería un retroceso

Al salir de la cárcel pasadas las 6.00 de la mañana- y con la imagen de la sangre saltando tras los disparos, el canto de los pájaros acompañó por un buen rato al "Zorro" Ruiz.

Como un experto jurídico que habla sobre la materia con autoridad, este periodista, que trabajó por más de quince años en La Estrella de Valparaíso, asegura que el retorno de la pena capital no ocurrirá.

Pero si pasa, piensa, sería un absurdo. "Porque la pena de muerte no sirve para nada. La criminalidad no disminuye, aparte que es irreparable. Por dar un ejemplo práctico, en algunos países donde ha estado vigente la medida, se ha asesinado a inocentes", agrega.

También toma en consideración elementos de carácter filosófico, ya que ¿por qué castigar a alguien con la muerte? "Si siempre nos han enseñado en nuestra cultura judeo-cristiana que la muerte es un paso hacia una vida superior", dice.

Cree que, en el fondo, les están haciendo un favor a los condenados, "porque ellos -Topp y Sagredo-, se fueron absolutamente convencidos de que habían sido perdonados por todo lo que hicieron".

Los que están a favor

La propuesta de la diputada electa por la V Región cordillera, Camila Flores (RN), va por un camino distinto. Y su diagnóstico comienza reconociendo que, en general, "el parlamento se ha vuelto reactivo frente a este tipo de hechos, en vez de anticiparse a establecer sanciones ejemplificadoras para dar protección a las personas".

Señala que "no podemos estar legislando sobre la particularidad de un hecho terrible y brutal cuando ya ocurrió; nosotros tenemos que anteponernos a estas situaciones, incluso teniendo en cuenta tipologías de delito que se cometen en otros países, como el secuestro de niños para tráfico de órganos, que esperemos nunca llegue a Chile".

Revisión

Por ello, a su juicio se hace necesario una revisión completa del código penal y, con ello, "buscar soluciones que sean genéricas, que se anticipen y apunten a los delitos en la forma que hoy se están cometiendo, con sanciones acorde a su cuantía".

Camila Flores propone estudiar todos los alcances necesarios para realizar las modificaciones legales que fueran requeridas para restituir la pena de muerte en determinados delitos.

"En el caso de la violación con homicidio o de incendio con homicidio, debemos considerar la pena de muerte y dar una señal clara que como Estado vamos a resguardar y proteger la vida de los inocentes y, para ello, sin duda será necesario salir del Pacto San José de Costa Rica, que como tratado internacional contrapone un bien jurídico cuya protección es mucho más relevante para nuestro país, que es el resguardo de vidas inocentes a las que el Estado les debe protección", sentencia.