El difícil momento laboral de los desvinculados de servicios públicos
Varios ex funcionarios públicos empezaron el 2019 sin trabajo, y ahora buscan cómo afrontar el nuevo año buscando una pega para subsistir con sus familias.
Como muchos de sus compañeros que trabajaban hasta el 31 de diciembre en diversas instituciones públicas, Manuel Miranda despertó el 1 de enero convertido oficialmente en cesante. A Miranda, ex chofer de la Gobernación Provincial, no se le renovó el contrato para el 2019.
Manuel ya sabía con anticipación de que no seguía en el gobierno (de hecho lo contamos en "La Estrella" del 30 de noviembre), así que terminó su labor sacando vacaciones en diciembre. Cuando ya estuvo todo consumado, se puso manos a la obra para salir a buscar pega. Fue a algunos lugares, con la misma respuesta: cualquier cosa te llamamos. "Pero al final no te llaman nunca", dice.
El hombre de 44 años tiene una diabetes que le dañó los riñones y lo obliga a dializarse de por vida. A los lugares a los que ha ido ha mencionado que tiene este problema de salud, y está buscando que una doctora le redacte una constancia que acredite de que actualmente él está estable y que puede hacer bien el trabajo. Pero mientras tanto, sigue averiguando dónde hay alguno, subsistiendo con la plata que le queda de lo que le pagaron en diciembre.
"De enero para adelante va a empezar el problema. Yo también tengo deudas que pagar en el banco y esas cosas. Tienes que tener para la luz, para el agua, para la comida, para el transporte. Esas cuestiones también te consumen dinero, y ahí está el gran problema que tengo. ¿De dónde voy a generar recursos para eso?", se pregunta.
Actualmente, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) calcula en 172 las personas que fueron desvinculadas durante el 2018 en los servicios públicos. Algunos, dice su presidente Freddy González, consiguen un abogado particular para enfrentar la situación, pero la mayoría está en acciones judiciales junto a ellos (ver cifras).
En 25 casos, la Anef ha presentado acciones por -lo que aseguran- despidos arbitrarios en la Contraloría, basándose en la "confianza legítima". Esto quiere decir, según González, que los ex funcionarios tienen más de dos años de vinculación laboral. "En la parte pública nos renovamos todos los años a contrata y honorarios, por un año. Entonces cuando uno tiene más de dos renovaciones, Contraloría ha determinado que es una confianza legítima", asegura.
De esta forma, asegura Freddy González, no podrían a nadie "despedir por despedir", si es que no es por justificaciones como antecedentes y notas. A ellos se busca que les reintegren el trabajo. También hay 21 casos que están judicializados con recursos de protección.
Acción judicial
La trabajadora social Macarena Barramuño estuvo durante años trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social. Asegura que tenía una evaluación 9,7 de 10, y que trabajaba hasta muy tarde en la noche, incluyendo sábados. Así, hasta que supo que no continuaba. "Yo era la vocera del sindicato de honorarios, y trabajaba en la Mesa Regional de Honorarios del Estado en la Región, entonces claramente yo era la cara visible", cuenta, "Entonces por ahí va el tema, además que soy activista feminista". Barramuño asegura que está evaluando si realizará alguna instancia judicial.
El 31 de diciembre, Pamela Moya, ex funcionaria del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos que depende del Ministerio del Interior, interpuso un recurso de protección en contra del Estado para "que se reconsidere nuestra situación, nos devuelvan el puesto", dice. Por ahora, ella se encuentra igual que todos sus compañeros, buscando alguna pega. La abogada asegura que está postulando a algunas empresas y que, por suerte, no tiene deudas. No está desesperada, reconoce. Pero de que necesita un trabajo, lo necesita, dice.
Con respecto a las no renovaciones, el seremi de Gobierno Francisco Salazar dijo que son " procesos que se establecen en las distintas administraciones, donde cada cartera ha hecho su evaluación, ha presentado cuál es su directriz para trabajar este año, y en esa misma medida han tomado las determinaciones de no renovación. No obstante aquello, cómo gobierno entendemos que puedan haber objeciones o que la gente ocupe los recursos necesarios para poder manifestarse".
Ignacio Araya
ignacio.araya@estrellanorte.cl