Redacción
La Fiscalía Regional de Los Lagos pidió siete años de cárcel para Connie Fritz y Thiare Oyarce, las dos educadoras de trato directo a quienes acusa por la muerte de la niña de 11 años Lissette Villa, ocurrida en custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), el 11 de abril de 2016.
El Ministerio Público, en la acusación que presentó ayer, sostiene que ambas participaron directamente en el fallecimiento de la niña por lo que, a su juicio, tienen calidad de autoras del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de muerte.
La Fiscalía, además, solicitó tres años y un día de presidio para la coordinadora de turno, Jessica Figueroa, y la directora del centro dependiente del Sename donde se hallaba la menor, Mónica Monje.
El caso de Lissette Villa ocurrió en 2016 cuando falleció en un centro del Sename en la Región Metropolitana. Terminó siendo el hecho que dio origen al llamado caso Sename, en que se investigan las muertes de menores dentro de los centros dependientes del Estado.
Derechos humanos
Según el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien se encuentra a cargo del caso, la acusación resulta un hito en la investigación del caso Sename.
Manifestó que "después de una investigación profunda, con centenares de diligencias, un sinnúmero de pericias, después de haber investigado toda las líneas investigativas posibles, nos formamos la convicción de que el delito que se cometió en este caso es un delito de apremios ilegítimos donde resultó fallecida una niña vulnerable que se encontraba bajo custodia del Estado en el Centro Galvarino".
"Es por ello que hemos deducido acusación por un ilícito que está directamente vinculado a los derechos humanos. De tal manera que se sigue avanzando y lo que esperamos próximamente es que continúen los trámites procesales, las audiencias respectivas, para poder llegar a un estadio de juicio oral", manifestó Emilfork.
Desde la defensa de dos de las imputadas -Thiare Oyarce y Jessica Figueroa-, la abogada Jacqueline Stubing explicó que pedirán la absolución en el próximo juicio oral y que descartan la responsabilidad que imputa la Fiscalía.
"Nos formamos la convicción de que el delito que se cometió en este caso es un delito de apremios ilegítimos".
Marcos Emilfork, fiscal
3 años y un día pidió la fiscalía para la coordinadora de turno y la directora del centro.
