Leo Riquelme

Con 41 votaciones por separado, la Cámara de Diputados aprobó en la tarde de ayer un proyecto de ley de "muerte digna", que autorizará la eutanasia para quienes padezcan enfermedades dolorosas e incurables, iniciativa que rechazó el Gobierno y que pasará al Senado.

Dos de sus promotores, los diputados Vlado Mirosevic (PL) y Maya Fernández, festejaron el avance. El primero lo calificó como un "triunfo de los derechos civiles, individuales y el Estado laico". "Fue una discusión muy difícil y desgastante porque el boicot del mundo conservador siempre estuvo presente", agregó.

Uno de sus detractores, el RN Leonidas Romero, calificó el proyecto como "una licencia para matar". "Somos cristianos, creemos en el Dios de la vida: él nos llama cuando es nuestro momento", argumentó.

Una de las principales activistas en la materia, Cecilia Verónica Heyder, quien está desahuciada y tramita en tribunales la eutanasia porque padece unas cinco enfermedades irreversibles, celebró la aprobación y respondió a los cuestionamientos. "No es un asesinato, es misericordia para el que sufre y si está consciente, en condiciones de decidir por sí mismo y si elegimos como vivir, ¿por qué no cómo morir?", tuiteó.

Qué se aprobó

El proyecto considera que pueden acceder a la "muerte digna" los mayores de 18 años que padezcan una enfermedad terminal, que sea "incurable, irreversible y progresiva", sin respuesta a tratamientos curativos y que tenga un pronóstico limitado de vida.

Para tramitarla se necesitará el diagnóstico de dos especialistas; y estar consciente al momento de requerirla, algo que debe estar acreditado también por un psiquiatra, que verificará que el requiriente está en pleno uso de sus facultades mentales.

Si la persona no se encuentra consciente, el proyecto exige que haya dejado un documento de voluntad anticipada en que haya establecido que se efectuara el procedimiento si llegaba al caso.

La norma exige que los médicos ofrezcan opciones de tratamientos paliativos, pero a la vez les permite negarse a una eutanasia aduciendo una objeción de conciencia. Asimismo, le prohíbe a las clínicas que publiciten servicios de este tipo.

Para dar paso a la muerte, se ordena a los tratantes que busquen un mecanismo médico eficaz; rápido; que cause el menor sufrimiento posible, tanto físico como psíquico; que sea posible de practicar en un establecimiento asistencial, en el hogar del paciente o en un lugar que cumpla con los requisitos para prestar una adecuada asistencia.

Entre los aspectos que fueron rechazados por los diputado estuvieron la consideración del "dolor psíquico" para invocar la eutanasia; y que menores de edad pudieran acceder al mecanismo.

El subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, expresó el rechazo a la iniciativa. "El Presidente Sebastián Piñera ha sido muy claro en que el Gobierno es partidario de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nosotros tenemos muchas dudas en algunos aspectos fundamentales del proyecto, como es la posibilidad de que las personas dejen en un documento escrito su voluntad de someterse a una eutanasia y después aquellos, en un contexto de inconsciencia, no se pueda modificar", declaró.

Pavez recordó que el Ejecutivo ingresó un proyecto de cuidados paliativos que se encuentra en segundo trámite legislativo, por lo que le pidió al Senado que priorice esa revisión en lugar ayer del aprobado de eutanasia.

Por casi cinco horas se reunieron ayer la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, con los padres Tomás Bravo, el niño de tres años que fue hallado muerto tras nueve días desaparecido en Lebu. Uno de los principales motivos de la reunión, a pocos días de su último encuentro, era entregar un nuevo informe que podría ayudar a esclarecer las circunstancias del deceso que aún no se conocen.

El documento causó polémica luego que fuera filtrado por la prensa incluso antes que lo conociera el Ministerio Público, lo que derivó en la apertura de sumarios y querellas. Según se supo, se trataría de una autopsia del Servicio Médico Legal que descarta la participación de terceros, concluyendo que el menor habría fallecido por causa accidental, por hipotermia e inanición.

Tras la reunión la persecutora confirmó que las conclusiones filtradas sobre la causa de muerte efectivamente corresponden a la autopsia, pero afirmó que para ellos no es concluyente.

"Nosotros mantenemos la posibilidad de que en la muerte del niño Tomás haya habido intervención de terceros, o sea, que se haya podido cometer un homicidio", dijo Cartagena, afirmando que el SML propuso conclusiones "precipitadas" pues faltan los resultados de exámenes en curso.

Contó que a la fecha dos universidades y laboratorios siguen realizando pericias a muestras del cuerpo, que será entregado este viernes para que sea sepultado a más de dos meses de su desaparición.

El abogado de la familia paterna del menor, Cristian Echaiz, dijo que una de las pericias en curso busca precisamente corroborar científicamente la causa de muerte. "Como querellantes no compartimos ni nos satisfacen las conclusiones a las que ha llegado el SML", remarcó.

Su colega que representa a la parte materna, Pedro Díaz, coincidió y afirmó que avanzarán en otras líneas causales, como un posible secuestro. "(La autopsia) es un informe más que nos llega", dijo.

La fiscal Cartagena señaló que también se indaga la participación de terceros mediante una táctica de falsa alarma, en la que personas habrían avisado equivocadamente el hallazgo del cuerpo en las primeras horas de búsqueda.

"¿Para qué dar una falsa alarma? Uno piensa que para confundir, para poder retirar el cuerpo", señaló.

Tras semanas de amenazas, ayer el Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del tercer retiro del 10% de las AFP, que se tramita en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. "Es nuestro deber que las reglas que nos rigen sean respetadas", dijo el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Esta es la segunda vez que La Moneda recurre contra el retiro, lo que no hizo para el primero de 2020. En la oposición criticaron la medida y comenzaron a discutir una eventual acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, algo que el Ejecutivo rechazó.