Diego Gotelli C.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó ayer la apertura de una investigación penal contra dos fiscales por el presunto delito de lavado de activos.

Se trata de María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, hija y yerno del excomandante en jefe del Ejército general (r) Óscar Izurieta, procesado por el caso de fraude en la institución castrense y quien se mantiene en prisión preventiva indagado por la malversación de cerca de 6.500 millones de pesos.

La indagatoria de oficio se abrió luego que CNN Chile denunciara que la hija de Izurieta -con su esposo como testigo- habría recibido parte de una donación en vida realizada por su padre, que involucraría bienes de origen ilícito provenientes de los delitos de malversación de caudales públicos por el uso de gastos reservados del Ejército del que se indaga al general en retiro.

El Ministerio Público instruyó además la apertura de un sumario administrativo contra ambos fiscales, quienes se desempeñan en la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Desde la unidad informaron en la jornada que Iturra había renunciado a su cargo de fiscal jefe de Las Condes, lo que no implica su desvinculación del Ministerio Público.

Abbott ordenó que la indagatoria quede en manos de un fiscal regional, en este caso la de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, debido a "la gravedad y complejidad de los hechos y a la circunstancia de que se trata de fiscales del Ministerio Público".

Desde la Asociación Nacional de Fiscales, su presidente Francisco Bravo dijo desconocer más antecedentes del caso, y señaló que no se debe adelantar juicios hasta culminada la indagatoria.

"Lo que corresponde es investigar con celo, acuciosidad y objetividad todos estos antecedentes", dijo en radio ADN, donde reafirmó además el compromiso del gremio con los principios de igualdad ante la ley, de probidad y del debido proceso.

Acusando promesas incumplidas, los gremios de recolectores de basura advirtieron que el lunes iniciarían movilizaciones nacionales que no descartan incluyan una paralización de sus servicios.

Las críticas de los trabajadores apuntan a un escaso avance que, afirman, se han tenido en condiciones acordadas con el Gobierno en mesas de trabajo sostenidas en los últimos dos años.

Entre sus demandas mencionan una solicitud hecha para regular sus salarios y condiciones de trabajo, factores que -creen- evitarían que las licitaciones municipales se diriman simplemente por la empresa que cobre más barato, como acusan ocurre hoy.

"Se planteó como solución el trabajar una modificación legal, con el objeto de establecer pisos mínimos remuneracionales, de tal manera que en todos los municipios del país existan reglas similares a ponderar en los procesos de licitaciones. No se cumplió", dijo en un comunicado la Agrupación de Federaciones de Recolectores de Basura y Aseo Urbano de Chile.

Asimismo, mencionan que se les prometió una ley que proteja sus derechos de salud y seguridad laboral; que habría una compensación por su rol en la pandemia; y cuestionaron las dificultades que denuncian tienen para acceder a PCR pese a la "mayor exposición" que tienen al virus.

Los gremios afirmaron que las movilizaciones se realizarían de Arica a Punta Arenas, dado que la tasa de sindicalización supera el 70% a nivel nacional.

El Gobierno anunció ayer el inicio de pagos masivos de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que considera un aporte estatal de hasta 185 mil pesos para los adultos mayores de 65 años que se encuentren en el 90% de menores ingresos del país.

El Presidente Sebastián Piñera informó que este viernes se completaría el pago para 530 mil personas, que se suman a otros 200 mil adultos mayores que anticipadamente ya accedieron a su mejora pensionaria vía rentas vitalicias y retiros programados.

Así, se esperaba que para hoy sean más de 700 mil los beneficiados con el programa que cuando culmine su implementación se estima llegará a más de 2 millones de personas.

"Con este compromiso estamos tratando mejor a nuestros adultos mayores y eso hace de Chile un mejor país", dijo el Mandatario.

En los primeros meses podrán acceder a la PGU los beneficiarios del Pilar Solidario, a quienes automáticamente se les incrementará su pensión si es inferior a $185 mil. Desde la Subsecretaría de Previsión Social precisaron que si tenían fecha de pago antes del 17 de febrero podrían no haber recibido el nuevo monto, pero el diferencial se les entregaría el próximo mes junto a su PGU de marzo.

En agosto, en tanto, se ampliará el beneficio para los mayores que cumplen los requisitos sin estar en el Pilar Solidario. Ellos deben solicitarlo en el sitio de Chile Atiende.