La implementación del Observatorio de Derechos Humanos y el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) destacó el defensor regional, Ignacio Barrientos Pardo.

Junto a ello, resaltó que el año pasado en la región atendieron a 11 mil 851 personas, a las que se les imputó "la comisión de alguna infracción penal, a quienes se les atiende con el compromiso de brindarles una defensa técnica y especializada lo cual implica que el acompañamiento se inicia desde los primeros momentos de la detención, hasta el efectivo cumplimento de la condena en caso de ser sancionados. En todo este quehacer participan múltiples personas y equipos de trabajo los cuales cumplen su labor a cabalidad".

En cuanto a la cantidad de personas atendidas, Barrientos también puso en relieve que el número de imputados no ha experimentado mayor variación en comparación con los ingresos de 2021, salvo el caso de las mujeres, quienes redujeron su participación en un 15% menos que el periodo anterior.

En el balance institucional fue destacado además que desde 2016 han ejecutado 25 proyectos con financiamiento de distinto origen, destinando 168 millones de pesos para beneficiar a mil 377 hombres y mujeres, adultos y adolescentes, en centros de reclusión de Antofagasta, Tocopilla, Calama y Taltal.

Redacción

Con 622 casos y un aumento de 37%, Antofagasta fue la quinta región que mayor cantidad de robos de cables sufrió durante el año pasado.

Así lo indican las cifras de Movistar Chile, según las cuales el ranking nacional lo lideró la Región Metropolitana (+15.000), seguida por la de Valparaíso (+1.500), Biobío (+1.150) y , O'Higgins (+1.100).Todas ellas aumentaron en porcentaje la cantidad de hechos ocurridos en 2021, destacando O'Higgins y Biobío, que crecieron en cerca de 200% y 120%, respectivamente.

Para la firma, lejos de detenerse, el 2022 el robo de cables 2022 se dio a conocer como el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado en Chile, "enfocado en vandalizar principalmente la infraestructura de telecomunicaciones para luego vender el cobre en el mercado negro, donde se reduce el material, evadiendo tributos e impuestos, y luego ser exportado al extranjero".

Peor aún para las personas, empresas e instituciones es que, en su búsqueda de cobre, los delincuentes también cortan el cable de fibra óptica, dañando los servicios de internet de alta velocidad, televisión y telefonía en masivas zonas.

Los números de la compañía hablan de un aumento explosivo del delito a nivel nacional durante 2022, registrándose más de 22 mil hechos en el año, lo que equivale a cerca de 60 delitos diarios.

Si los números se comparan con los del 2021, ello representa un alza de más de 85%, es decir, un aumento de casi el doble. A su vez, según Chile Telcos, la cantidad de hogares, empresas e instituciones que se vieron afectados por el robo de cables superan los 2 millones de personas durante 2022.

"El aumento de este delito nos preocupa no solo compañía, sino que como sociedad, porque ocurre a lo largo de todo Chile y con mayor presencia en las zonas más vulnerables del país, que es precisamente donde nos enfrentamos al desafío de reducir la brecha digital. Por esto es tan relevante generar conciencia, fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía y también continuar con nuestras medidas de seguridad y acciones legales en contra de los responsables", señaló la gerenta de área Seguridad de la empresa, Natalia Fuentes.

El presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, dijo en tanto, que el 2022 "aumentó fuertemente el cablazo, con un enorme impacto en nuestros clientes, tanto personas como empresas e instituciones. Las bandas delictuales dedicadas al contrabando de cobre se han extendido a nuevas regiones y han intensificado los delitos".

Destacó la Política Nacional contra el Crimen Organizado como un tremendo avance y señaló que "como industria hemos trabajado intensamente para hacer frente a esta situación, con un mayor número de cuadrillas de reparación para minimizar el impacto sobre los servicios, la presentación de casi cinco mil querellas sólo en 2022 y la coordinación con las autoridades, tanto a nivel nacional como regional".