Pablo Mamani Prado

Una insólita situación está viviendo un grupo de empresarios tocopillanos, quienes denuncian el no pago de servicios efectivamente realizados durante el 2022 en el marco del proyecto de construcción del nuevo cuartel de la PDI en la ciudad. Obra que sufrió el término anticipado de contrato por diversos incumplimientos de la compañía que ganó la licitación.

Este problema aqueja a las empresas CILA, Montecristo, Construcciones Tarapacá SPA y Transportes Felsof, cuyo monto que se les adeuda supera los 100 millones de pesos, luego de realizar diversos trabajos entre febrero y marzo del año pasado en este proyecto, cuya licitación fue obtenida por la Constructora B+V Limitada.

Deudas

En el caso de la empresa CILA, su dueño Cristian Luna explicó que estuvo a cargo de la demolición del antiguo Teatro, lugar donde actualmente está el proyecto del cuartel PDI, en el centro de Tocopilla. Además de la limpieza del lugar.

Todo ello, sumado a otros trabajos, tienen un costo aproximado de 90 millones de pesos.

Otro de los afectados es Ricardo Herrera de Montecristo, empresa que realizó labores relacionadas con el hormigón, cuyo valor impago hasta la fecha es cercano a los $10 millones. Parte de esa deuda complica también a Shivert Torres, quien hizo labores de transportes a ellos.

Por su parte, Augusto Estay de Construcciones Tarapacá SPA desarrolló la instalación de faena y otros servicios, por un monto de $10 millones de pesos aproximadamente.

Finalmente el último empresario tocopillano afectado es Patricio Campos de Transportes Felsof, a quien se le adeuda servicios efectivamente realizados por cerca de 6 millones de pesos.

"Se adjudicó un trabajo de demolición en la PDI, el cual tengo contrato y estados de pago, hubo compromisos de pago de parte de ellos los cuales nunca se realizaron, esperando que el MOP les pagara por otros servicios y nunca fue así. Ha transcurrido prácticamente un año del servicio realizado y no hemos tenido respuesta de ellos, solamente nos dijeron que teníamos que hacer demanda civil. Se trabajó en paralelo (con los otros empresarios tocopillanos), en mi caso trabajaba en la demolición, otras personas hacían el transporte, humectación de los terrenos. Luego de haber despejado el área se hizo instalación de faena, que prácticamente fuimos cinco contratistas que trabajamos en paralelo y los cuales están todos en la misma condición, ningún pago", explicó Cristian Luna de la empresa CILA, en representación del grupo de empresas tocopillanas afectadas.

Pese a que, aseguran los denunciantes, realizaron los trabajos pactados y se hayan hecho los estados de pago correspondientes, nunca recibieron el dinero adeudado, generando problemas con sus trabajadores, obtención de insumos y hasta arriendo de maquinarias para poder cumplir con lo comprometido en este proyecto. Lo peor es que no han tenido respuestas a casi un año del término de sus servicios, tanto de la Constructora B+V Limitada y del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"De la empresa nada, ya no responden correos ni teléfonos. La misma condición el MOP, el fiscalizador dejó de contestar el teléfono, le hicimos llegar correos a la Seremi del MOP, nos contestaron algo, que estaba en revisión, después que no y que teníamos que hacer demanda civil y de ahí no nos contestaron nunca más. Queremos una respuesta del MOP, porque nosotros no estamos en las condiciones de pagar un abogado y hacer una demanda civil, que esto incurre en gastos y tampoco sabemos en si nos van a responder o no. Queremos que el MOP se haga responsable de estos pagos, cuyos trabajos se realizaron efectivamente", concluyó Luna.

Respuesta del MOP

Consultados por La Estrella, desde el Ministerio de Obras Públicas explicaron que "la empresa deudora (Constructora B+V Limitada), al no contar con la liquidez necesaria para dar continuidad a la construcción del cuartel de la PDI de Tocopilla, ni atender los pagos contraídos con los trabajadores, debió iniciar un procedimiento judicial para dar curso a la liquidación forzosa, que permite el cierre formal de una empresa, mediante la entrega de los bienes de la persona deudora (natural o jurídica) para el pago de las deudas de sus acreedores. En ese sentido, Tribunales designó a un liquidador que será el único responsable de resolver el tema, por lo cual, todos los trabajadores deben ponerse en contacto directamente con esta persona designada por la justicia".

El seremi del MOP, Pedro Barrios, indicó: "Lamentamos la situación que afecta a estos trabajadores tocopillanos, por lo que esperamos puedan resolver su situación prontamente y los invitamos a ponerse en contacto con el liquidador designado".

Asimismo, la autoridad enfatizó que "tras el abandono de las obras, debimos liquidar a la empresa y llamar nuevamente a licitación para retomar la construcción del cuartel de la PDI de Tocopilla. Afortunadamente, gracias al trabajo en conjunto con el Gobierno Regional y la aprobación de recursos por parte del Consejo Regional, pudimos adjudicar las obras por un monto total de $5.676 millones, que permitirán a Tocopilla contar con un cuartel moderno, de acuerdo a las necesidades actuales de la Policía de Investigaciones. Además, en la etapa constructiva va a dar trabajo a la gente local".

Obras inconclusas

Desde el MOP señalaron que debido al abandono de obras por temas económicos de parte de la empresa, el organismo estatal debió poner término anticipado al contrato e inició proceso de cotización por trato directo, cuya única oferta económica sobrepasó el monto original en más de $900 millones que debieron ser solicitados al Gobierno Regional para poder adjudicar el contrato, recursos que se otorgaron la semana pasada en el pleno del Core.

"Queremos que el MOP se haga responsable de estos pagos, cuyos trabajos se realizaron efectivamente".

Cristian Luna, dueño de la empresa CILA y parte de los contratistas afectados