Leo Riquelme

Por la unanimidad de sus integrantes, el tribunal supremo de Revolución Democrática (RD) aprobó la expulsión de dos de sus militantes implicados en el caso Democracia Viva, es decir, su representante, Daniel Andrade, y quien era el seremi de Vivienda de Antofagasta que le asignó directamente tres convenios por 426 millones de pesos, Carlos Contreras.

La máxima instancia del partido oficialista comunicó su decisión un día después que renunciara a la colectividad Andrade, quien era pareja hasta hace unas semanas de la diputada Catalina Pérez.

La parlamentaria ha negado cualquier vinculación con el convenio suscrito entre el ingeniero civil mecánico y quien fue parte de su staff parlamentario hasta asumir en la secretaría regional ministerial de Vivienda. Su partido, que en principio la defendió, esta semana ha dicho que sospecha de su desconocimiento y la incluyó dentro de la querella que presentó contra quienes resulten responsables del supuesto caso de corrupción. El presidente, Juan Ignacio Latorre, dijo ayer que para Pérez están solicitando la suspensión de la militancia.

"Continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el tribunal supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública", dijo en un comunicado RD.

A las denuncias iniciadas en Antofagasta se sumaron esta semana investigaciones penales por convenios similares suscritos en el Maule y Los Lagos. Además, el Servicio Electoral (Servel) abrió una indagatoria que involucra a Democracia Viva, pues fue una de las organizaciones civiles que recaudó fondos para la campaña del Apruebo durante el plebiscito de salida del año pasado.

Ayer, en tanto, la Fiscalía Regional de Atacama informó la apertura de una investigación penal, luego que la Seremi de Vivienda de esa zona ordenara la apertura de un sumario administrativo por un convenio por 128 millones de pesos con la Fundación Comprometidos -presidida por el ex PRO Sebastián Duarte- para la distribución de agua potable en dos campamentos de Copiapó. Hasta eso, la empresa tenía giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para realizar actividades de producción de películas cinematográficas y clínicas veterinarias, según reportó La Tercera.

"Me parece extraño, tendrá que investigarse. Parece bastante absurdo y ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oír", dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

La autoridad, que pidió no sacar conclusiones apresuradas ni enlodar a todas las ONG con convenios fiscales, dispuso que el mismo equipo que indaga lo ocurrido en Antofagasta y Talca recopile antecedentes sobre el caso de Copiapó.

El fiscal regional (s) de Atacama, Christian González, informó que la indagatoria penal se inició a partir de una denuncia de la diputada RN Sofía Cid.

128 millones de pesos asciende otro convenio con una ONG que se cuestiona en Copiapó.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó ayer su "consternación" ante la muerte de Jorge Salvo, un hombre de 27 años que sufría las consecuencias de un trauma ocular provocado por una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros.

Salvo vivía en Maipú y se suicidó lanzándose el miércoles a las vías de la Línea 5 del Metro, en la Estación Quinta Normal. Según la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, es la cuarta persona del grupo que se mata en los últimos tres años.

"Como INDH estamos consternados porque el caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto de las víctimas", dijo en un comunicado el organismo.

Esto, porque es querellante por el delito de apremios ilegítimos contra quienes resultasen responsables en este caso, ocurrido en Plaza Baquedano el 17 de enero de 2020. Sin embargo, a la fecha aún no hay formalización de dicha investigación.

El INDH presentó 3.174 querellas en representación de 3.641 víctimas del estallido social. De ellas, informó que 342 fueron heridas por bombas lacrimógenas; 106 por perdigones y 45 por balas. A la fecha, solo 26 han tenido sentencia condenatoria.

Agregó que del total de las acciones interpuestas, 577 causas ya fueron cerradas, de las que 505 fueron por decisión de no perseverar porque no se lograron reunir antecedentes suficientes.