Leo Riquelme

La Contraloría anunció una auditoría nacional a todos los convenios suscritos desde 2021 por el Ministerio de Vivienda con fundaciones, cuestionado por las transferencias por 426 millones de pesos acordadas entre militantes de RD en la Seremi de Antofagasta.

Esta es la segunda medida que toma luego que suspendiera todas las tomas de razón de este tipo de contratos hasta aclarar lo ocurrido.

"Las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos", dijo.

A esto sumará "acciones de fiscalización en otros servicios, en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución".

El ministro Carlos Montes lo valoró, pues a su juicio permitirá esclarecer la situación y enfocarse en su rol, pues "esto es lo peor que le puede pasar a las personas que no tienen vivienda".

Dijo que desconocía la razón que tuvo la Contraloría para decidir una fiscalización desde 2021, pues el sistema con fundaciones opera desde 2019. Añadió que en su momento tuvieron convenios por hasta $50 mil millones y las rendiciones suelen tener desfases. "Y a veces nosotros tenemos el problema que no controla el ministerio", admitió la autoridad.

Una delegación de funcionarios de Contraloria se instaló en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde partieron las denuncias por los convenios suscritos entre octubre y diciembre por el entonces secretario regional Carlos Contreras y el jefe de Democracia Viva, Daniel Andrade. El primero fue parte del staff de la diputada Catalina Pérez y el segundo era su pareja. Tras la denuncia, ambos fueron expulsados de RD, mientras que la congresal es cuestionada por la directiva de su partido.

Por ahora hay investigaciones penales por acuerdos con Vivienda en Antofagasta, Talca, Copiapó y el Biobío. En esta última, ayer el director del Serviu, Eduardo Arriagada, concurrió a la fiscalía a entregar antecedentes sobre un contrato con Urbanismo Social. Arriagada aseguró que todo se hizo por licitación pública.

De visita en el Maule, donde se investiga otro caso con esa ONG, el Presidente Gabriel Boric volvió a reprochar a quienes han dado un mal uso a estos convenios.

"Muchas veces se olvida que los grandes afectados no son un partido político, no es un Gobierno... eso puede ser también, pero eso pasará... los grandes afectados son las personas, son ustedes, el pueblo. Y la plata que es de todos los chilenos se tiene que ocupar para mejorarle la calidad de vida", dijo en una entrega de viviendas sociales en Villa Alegre, donde valoró la acción del ministro Carlos Montes.

Latorre y las fechas

Ayer La Moneda criticó el actuar del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, luego que afirmara que conoció 10 días antes las denuncias.

"Es importante que todas estas alertas se pongan a disposición rápidamente de quienes tenemos que tomar decisiones", dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Según La Tercera, los antecedentes se conocieron en una reunión en la que participaron dirigentes locales, Andrade, Contreras y miembros del staff de la diputada Pérez. Latorre dijo que del encuentro tuvo "información parcial"; y aseguró que no se la notificó a los ministros Carlos Montes, ni al de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Consultado al respecto, el Presidente Boric indicó que la primera alerta la recibió "la semana anterior" a que se destapara el hecho, y fue a través de un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG), no desde RD.

"Apenas nosotros supimos, apenas yo supe, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos", dijo.

Las fechas sorprendieron a la oposición, que alertaron que si el Presidente sabía del hecho tenía la obligación de haberlo denunciado.

Esto llevó al ministro de Justicia, Luis Cordero, a corregir al mandatario. Dijo que Boric sólo hizo una "construcción cronológica de los hechos", pues el oficio era una solicitud de información y no una denuncia de ilícitos. Añadió que se envió a la Seremi de Vivienda el 7 de junio y no a la Presidencia ni a Minvu.

En el PS fueron duros con Latorre. El senador Fidel Espinoza dijo que "está cambiando su versión por octava vez; y la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, dijo que el RD "dejó de ser un interlocutor válido" ante la crisis y agregó que su actuar "rompe las confianzas" entre los bloques oficialistas.

Su par Juan Luis Castro apuntó al ministro Jackson, de quien dijo que "todos sabemos que es el alma mater de RD" y, por ende, "podría haberle adelantado al Presidente lo que estaba pasando". De paso, acusó "inmadurez" de parte del Frente Amplio para gobernar y volvió a recordar la "superioridad moral" que expresaba el sector antes de llegar a La Moneda.

Desde la oposición, en tanto, los senadores UDI Javier Macaya y la RN Paulina Núñez volvieron a pedir la salida de Giorgio Jackson, quien según esta última "conocía todos los antecedentes" relacionados con su partido.

La vocera Camila Vallejo retrucó tanto a los parlamentarios oficialistas como a los opositores que esa es una facultad exclusiva del Presidente de la República.

Montes, Jackson y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expusieron ayer en el Senado, donde se realizó una sesión especial para discutir los convenios. Montes, a diferencia de lo que deslizó el martes, aclaró que todos los acuerdos cuestionados son de este Gobierno, no del anterior.