Sospechoso de lanzar granada a carabinera estaba en libertad vigilada
En departamento del abatido hallaron material para hacer cédulas de identidad. Otro implicado en el ilícito se encuentra prófugo.
Matías Gatica Lindsay
Estable y fuera de riesgo vital se encontraba ayer la carabinera que en la tarde del miércoles resultó herida por las esquirlas de una granada lanzada en una fiscalización en Santiago. En el operativo uno de los delincuentes fue abatido y otro está prófugo. Pese a las solicitudes de la oposición y el oficialismo de declarar estado de excepción en la región, el Gobierno desestimó esa medida.
Pasadas las 19:00 horas del miércoles, dos carabineros se encontraban en avenida Club Hípico con Centenario realizando fiscalizaciones, momento en que intentaron controlar a dos motoristas de venezolanos, que se resistieron a la acción y uno de ellos le lanzó una granada de mano a los uniformados.
El artefacto explotó frente a una cabo segundo de Carabineros, quien resultó con daños en una de sus piernas y en el tórax, por lo que fue trasladada en estado grave al Hospital de Carabineros donde ayer estaba estable y era atendida por el equipo de salud mental del recinto.
Al percatarse de lo ocurrido, su compañero utilizó su arma de servicio y disparó contra el autor del ataque, quien falleció en ese lugar. Su acompañante huyó y ayer era buscado por Carabineros.
La herida, Rayén Curihuil, tiene 23 años, es oriunda de Temuco y hace cuatro años y 9 meses que es funcionaria de Carabineros. Recientemente se casó con un colega y en enero de este año fue ascendida a cabo segundo, luego de recibir una felicitación por buen desempeño en servicios extraordinarios en 2022, mérito que le sirvió para comenzar a trabajar en la Sección de Investigación Policial (SIP).
Tras lo ocurrido el artefacto explosivo fue periciado por el GOPE y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios dijo que la granada lanzada a la carabinera era de origen peruano y que no se sabe como llegó al país.
Ayer funcionarios del OS9 de Carabineros entraron a un departamento en San Joaquín, donde vivía el delincuente abatido, un hombre de 36 años que emigró de Venezuela a Perú en 2020 y estaba en el país con libertad vigilada tras ser condenado en septiembre de este año por tráfico de droga. Allí encontraron trozos de plástico para fabricar cédulas de identidad falsas y cartuchos de pistola 9 mm.
Hasta una unidad policial llegó a entregarse un hombre venezolano cuyo rostro había sido difundido en redes sociales como el de un posible implicado. Sin embargo este sujeto estaba a 300 metros del hecho, según dijo Carabineros, que informó que quedó en prisión porque había sido expulsado del país por un ilícito, pero volvió a ingresar.
Reacciones políticas
Luego de lo ocurrido el Gobierno sostuvo una reunión con Carabineros y la PDI. Pese a que la oposición y diputados del PPD, el PS, la DC y el PDG pidieron que se decrete estado de excepción en la Región Metropolitana, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, dijo que esa medida "hoy no es necesaria", lo que fue criticado por el gobernador Claudio Orrego.
La vicepresidenta Carolina Tohá dijo que hoy "cuando llegue el Presidente, se le entregarán estas propuestas (tratadas en la reunión), que tienen que ver fundamentalmente con la lucha contra un nuevo tipo de delitos".
El Partido Republicano pidió la salida de Tohá y dijo que rechazará todas las partidas de la Ley de Presupuesto mientras no haya una "contundente propuesta en seguridad" por parte del Gobierno.
Por su parte RN advirtió que acusarían constitucionalmente a Tohá si el Gobierno no expulsa a 12 mil migrantes de aquí a fin de año.