Consumo de tabaco ilegal

Señor director:

Recientemente, desde el centro MIDE UC dimos a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Tabaco y el Comercio Ilícito 2023. Entre los hallazgos más relevantes, resalta el significativo aumento en el porcentaje de cigarrillos ilegales consumidos en Chile, que ha experimentado un crecimiento considerable, más que duplicándose entre 2019 y 2023.

Al analizar la distribución regional de este fenómeno, la macrozona Norte del país (Arica, Iquique, Antofagasta, Calama) exhibe la mayor proporción de consumo ilegal, con un 53,8% de los cigarrillos consumidos diariamente pertenecientes a este tipo. Aquí, Arica presenta la cifra más alta en esta materia, llegando a un 90,6% de fumadores que compran en el mercado ilegal.

Los precios entre el mercado formal e informal difieren significativamente, con una cajetilla de 20 cigarrillos costando alrededor de 4 mil pesos en el mercado formal y $1.400 en el informal. Esto genera pérdidas anuales estimadas en más de 1.000 millones de dólares para el Estado dado que, como es evidente, una cajetilla de cigarrillos de contrabando no paga impuestos, los que en el caso de la cajetilla vendida legalmente supera el 50% de su precio final. Observamos también cómo se está normalizando una conducta que, si bien es ilegal, se está convirtiendo en algo habitual para una parte significativa de la población.

Flavio Cortés, consultor

Inclusión y educación

Es cierto que en Chile se han implementado políticas orientadas a la inclusión educativa, logrando así disminuir la brecha de ingreso a los espacios regulares de aprendizaje, pero aún existen barreras que limitan el acceso a una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y no se trata solo de una falta de infraestructura adecuada que, por cierto, es la más visible y a la vez, probablemente la de más fácil solución.

La educación inclusiva en nuestro país enfrenta una dramática escasez de recursos especializados. Para dar respuesta a aquello, se requeriría convocar a todos los agentes involucrados en la materia, para así planificar una ruta de trabajo intersectorial sostenible en el tiempo, abordando la problemática de manera integral y no parcelada.

Un primer elemento es, sin duda, la formación docente, ya que el avance en normativas de acceso a la educación no ha ido acompañado de una actualización de las herramientas pedagógicas necesarias para que los profesores logren un aprendizaje efectivo de todos sus estudiantes. Para avanzar, es fundamental que el Estado y la sociedad en su conjunto redoblen los esfuerzos para garantizar una educación inclusiva, que valore la diversidad de capacidades.