Matías Gatica Lindsay

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó ayer la posibilidad de ampliar el subsidio a las tarifas eléctricas, que subirán hasta 43% a partir del 1 de julio. Aseguró que "no hay recursos" para ello y recalcó la importancia de aprobar el proyecto sobre cumplimiento tributario que se encuentra en discusión.

Luego que el Gobierno recordara la semana pasada que se pondrá fin al congelamiento de las tarifas eléctricas, las cuales se encuentran frenadas desde 2019, parlamentarios de diferentes sectores han criticado la medida aprobada por ley y le solicitaron al Ejecutivo que tome medidas adicionales al subsidio 2024, que es parte de la norma de Estabilización de Tarifas Eléctricas y al cual podrán postular el 40% de las familias más vulnerables.

A través de este mecanismo, que se financiará con US$120 millones provenientes de un cargo aplicado a clientes de alto consumo y con recursos del Tesoro Público, se busca paliar en parte este aumento que se realizará en tres tramos.

El primero de ellos es el "G1", que considera a quienes usan hasta 350 KWH por mes, es decir, la mayoría de las personas. A ellos las tarifas eléctricas les subirán entre 10 y 25% dependiendo la región. Entre las que se encuentran en la parte alta del indicador están Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Para el sector "G2", que son quienes utilizan entre 350 y 500 KWH mensualmente, subirá hasta un 43% en Atacama y el resto de las regiones ese indicador estará en torno al 35%; mientras que para el tramo "G3" subirán entre un 24 y un 36% dependiendo de la región.

Ante ello la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC) pidió al Gobierno revaluar el mecanismo y renegociar los contratos con las empresas involucradas; mientras que otros parlamentarios pidieron ampliar el subsidio.

Marcel respondió ayer que "solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico".

"Entonces, cada cosa tenemos que ir resolviendo a través de los mecanismos que están algunos en discusión y otros en elaboración (...) En discusión actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU, el aumento de la inversión en seguridad ciudadana".

De todas maneras dijo que con la ley se creó una mesa de trabajo entre representantes de diferentes ministerios y de ambas cámaras para evaluar otras ayudas al respecto.

El exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró el cambio de criterio de la actual jefa del ente, Consuelo Contreras, quien admitió que durante el estallido social de 2019 "no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos", tal como él defendía.

Contreras dijo en CNN Chile que "para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado", lo que dijo que no se dio en esa oportunidad. Su visión se contrapone a lo expresado el 8 de julio de 2022, cuando junto a ocho consejeros del organismo firmaron un documento donde cuestionaban la gestión de Sergio Micco, quien descartaba el carácter de "sistemáticas" y finalmente salió del INDH.

Micco dijo a CNN Chile que le alegraban "mucho" las palabras de Contreras, sobre todo por "la reivindicación para los 6 consejeros que siempre sostuvimos que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o que no se habían probado... y hasta el día de hoy, cinco años después, no se ha probado eso. Ahí hay un componente de reparación, porque lo pasamos muy mal".

Micco recordó que presentaron 3.108 querellas por los hechos y en 24 Horas dijo que el reconocimiento "contribuye a ir cerrando terribles divisiones que tenemos los chilenos a propósito de lo que ocurrió y no ocurrió. Nunca más se debe justificar la violencia con fines políticos, que ocurrió a partir del 18 de octubre, nunca más violaciones a los DD.HH y nunca más sembrar dudas sobre la institucionalidad democrática".

La Corte Suprema determinó que el Juzgado de Garantía de Arica debe seguir realizando la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas en medio de una marcha por el altiplano de Putre, en la que otros reclutas terminaron con graves secuelas, como partes de sus cuerpos amputadas.

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó la competencia de la justicia militar, argumentando que "no resulta posible entonces sólo acudir a las normas técnicas de rango legal que regulan la jurisdicción militar, pues este cuerpo normativo, por la época en que fue dictado (año 1944) y la especificidad de la materia que regula, invierte el razonamiento, asumiendo que la jurisdicción militar es la regla general y la jurisdicción ordinaria la excepción"

A ello agregó: "El hecho de que los delitos investigados se hayan cometido, no en actos del servicio militar sino que, 'con ocasión' de ellos, como lo refiere el artículo 5° numeral 3° del Código de Justicia Militar, no puede estimarse un argumento constitucionalmente suficiente que justifique, por sí mismo, la necesidad ineludible de sacrificar las garantías jurisdiccionales que configuran un Estado de Derecho en beneficio de pretensiones de eficiencia técnica que evidentemente no resultan aplicables en la especie".

Luego que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que le entregó hace dos años al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, una lista con venezolanos que habían cometido delitos, entre ellos los asesinos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y el carabinero Emmanuel Sánchez, ayer Monsalve dijo en radio Cooperativa que "ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei (...) Por lo tanto, si es que ella dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son estos tres, estos tres no están en el listado, tendría que darlo a conocer (...) Hay nueve personas en prisión preventiva. Ninguno de ellos aparece en el listado que entregó la alcaldesa Matthei. Las declaraciones que hizo son bastante graves".