Matías Gatica Lindsay

Luego de concurrir la semana pasada al Congreso para dar detalles de la gestión de La Moneda tras enterarse de la denuncia en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, la ministra del Interior señaló ayer que espera reunirse algún día "a conversar" con la víctima.

En medio de las críticas por un supuesto "pacto de silencio" en La Moneda y al trato que recibió la víctima tras enterarse el Gobierno de la denuncia por violación y abuso sexual en contra del exPS, Carolina Tohá afirmó en Canal 13 que le gustaría tener algún día la posibilidad de "conversar con ella, pero cuando lo haga no voy a hacer de eso un tema comunicacional, salvo que ella lo desee".

"Hemos tenido mucho cuidado en ese aspecto como ministerio en este caso (...) Cómo nos referimos a ella y cómo hablamos con ella, tiene que ser algo muy resguardado", aseguró Tohá.

Sobre la decisión del Presidente Gabriel Boric de permitir que Monsalve viajara a Concepción dos días antes de su renuncia para informar a su familia sobre la denuncia, la ministra Tohá dijo más tarde al matinal de Chilevisión que fue "una decisión que no tiene que ver con él, tiene que ver con la familia".

Consultada sobre si esto fue acertado, la militante PPD reiteró que "eso prudente, digamos prudente, no fue, ¿verdad? Eso también se dijo. Más allá de que a lo mejor la Contraloría diga que administrativamente no tiene objeción, pero incluso si administrativamente era pertinente, no fue prudente".

En cuanto a cómo afectaría eventualmente este caso en una posible candidatura presidencial del oficialismo, Tohá dijo a radio Cooperativa que "en este trabajo -qué quieren que les diga- los golpes están todos los días (...) Es cierto que esa discusión va a estar en algún minuto", pero "no está ahora".

"Ha sido duro enfrentar todo esto. Ha habido mucha rabia, mucho desconcierto, pero la gente nunca ha dejado de sacar adelante su trabajo", comentó.

Por otra parte, ayer se dio a conocer que la comisión investigadora del Caso Monsalve citará a declarar en su siguiente sesión a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y al director de la PDI, Eduardo Cerna, para que aclaren dudas respecto al cumplimento de sus funciones en este caso. Dicha sesión se llevará a cabo a las 10:30 horas del lunes venidero.

La Fiscalía Metropolitana Occidente incautó ayer el celular y el computador del abogado y asesor de la bancada de diputados del PS, Enrique Aldunate, por eventuales filtraciones del Caso Audios.

Las pesquisas fueron realizadas por el OS9 de Carabineros en la oficina y el domicilio del asesor. Según radio Bío- Bío, se hizo porque Aldunate, quien representa a los diputados PS Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, querellantes en la causa contra el abogado Luis Hermosilla, le habría dado una orden a una subordinada para entregar un pendrive a un periodista, lo que la trabajadora denunció.

Manouchehri y Ciccarcini negaron que ellos instruyeran la entrega de información, pero calificaron que era "sospechoso" que la denuncia proviniera de una abogada militante de Republicano. Coincidieron en que sólo buscan "verdad y justicia" y acusaron el actuar de Hermosilla como el de una "banda".

Junto con revocarle el mandato judicial, el PS anunció que Aldunate dejaba de trabajar en la bancada, donde estuvo 20 años. En una carta éste dijo que era acusado de hechos "falsos", se declaró inocente y planteó que se concentrará en su defensa.

Desde Copiapó, el Fiscal Nacional Angel Valencia dijo que las filtraciones son un problema de "décadas", que viene desde antes de la reforma procesal penal, y añadió que todo intento por controlar la información se desvanece cuando intervinientes como las defensas y querellantes acceden a las causas, por lo que pidió legislar para aumentar las restricciones.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago paralizó el dictamen que emitió la contralora Dorothy Pérez sobre las reclamaciones que podían hacer al organismo funcionarios públicos alegando "confianza legítima" para extender sus contratas.

Tras asumir como titular, Pérez eliminó la regla instaurada por su antecesor, Jorge Bermúdez, de que si a un funcionario público se le renovaba el contrato por más de dos años contaría con la "confianza legitima" de que se le seguiría renovando.

Por el contrario, Pérez dispuso que la Contraloría ya no emitiría una declaración en caso que funcionarios públicos a contrata sean despedidos después de dos años y determinó que en ese caso deberán ir a la justicia en vez de al organismo fiscalizador.

Ante ello la fundación Fuerza Ciudadana ingresó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones y pidió decretar la orden de no innovar contra el dictamen.

Ayer el tribunal acogió dicha orden de no innovar y estableció que "se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento", debiendo Contraloría "seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere.

Adicionalmente, la sala pidió informes para seguir analizando el fondo del pedido.